La dictadura argentina y los niños “desaparecidos”: una inmoralidad todavía coleante

María Eugenia Sampallo Barragán relató hoy parte de la exposición que brindó ante el Tribunal Oral Federal 5, ante el cual describió las “diferentes versiones” que escuchó en su infancia sobre su familia biológica.

 

Lo que declaré, para resumirlo, era que yo tuve diferentes versiones sobre mi origen. La más contundente es ésta, que (Enrique) Berthier me había entregado a ellos. Y evidentemente es la que es la verdadera, ¿no?”, señaló en referencia al ex militar y los civiles Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto, acusados de ser sus apropiadores.

 

Según trascendió durante el juicio, a los ocho años el matrimonio Rivas-Gómez Pinto le dijo a María Eugenia que no era su hija biológica y le aseguraron que sus padres habían muerto en un accidente.

 

Un año después, le indicaron que era hija de una empleada doméstica de la familia.

 

Luego, antes de que cumpliera 12 años, que era hija extramatrimonial de una azafata, hasta que finalmente le dijeron que la habían adoptado cuando Berthier les avisó que había un bebé abandonado en el Hospital Militar.

 

Tras exponer las distintas versiones que escuchó durante su infancia, María Eugenia expresó su deseo de que el proceso judicial que atravesó “sirva” a otros jóvenes en su situación y reclamó que “la sociedad deje de aceptar que roben a los hijos de otras personas”.

 

Para mi familia, para otros chicos que están en la situación en que estaba yo, espero que sirva”, señaló.

 

El tribunal que lleva su caso es el mismo que en agosto de 2006 juzgó y sentenció al ex policía Julio Simón, alias El Turco Julián, a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

 

Extraído de: http://www.elciudadano.net/NOTAS/nota.php?nombre=ULT-11-03-2008-046

 

 

Piden 25 años de cárcel para los acusados de apropiarse de Eugenia Sampallo

Lo solicitaron los abogados de la víctima, quien es querellante en el juicio. El pedido de la máxima pena prevista para los delitos imputados recayó sobre Osvaldo Rivas y María Cristina Gomez Pinto, y sobre el militar Enrique Berthier.

Maria Eugenia Sampallo Barragán fue arrebatada a sus padres secuestrados y desaparecidos poco después de nacer, en febrero de 1978, y entregada con una partida de nacimiento adulterada por el médico militar Julo César Cáceres Monié, ya fallecido.

Los abogados de María Eugenia Sampallo Barragán, la hija de desaparecidos que durante la dictadura fue robada siendo bebé y que querelló a sus apropiadores para que rindan cuentas ante la Justicia, pidieron hoy una pena de 25 años de prisión para los tres acusados de ese delito.

Los abogados Matías Ojea Quintana y Elizabet Gómez Alcorta reclamaron “la máxima pena prevista en el caso mas extremo” para el capitán de ejército Enrique Berthier y la ex pareja integrada por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto.

“Que a la verdad que permitió la restitución de la identidad se sume ahora la justicia”, reclamaron los letrados al cerrar tres horas de alegato coronadas por un aplauso de la concurrencia, en su mayoría jóvenes de la agrupación HIJOS que acompañan a la querellante.

Maria Eugenia Sampallo Barragán fue arrebatada a sus padres secuestrados y desaparecidos poco después de nacer, en febrero de 1978, y entregada con una partida de nacimiento adulterada por el médico militar Julo César Cáceres Monier, ya fallecido.

La pareja Rivas-Gómez Pinto inscribió a la nena como hija biológica, pese a que no ignoraban su origen dado que les fue entregada, según admitió la mujer en su primera eclaración, por el militar Berthier, entonces un teniente primero participante del terrorismo de Estado.

La chica recuperó su identidad plenamente en 2003 cuando se corroboró por vía de estudios de ADN su filiación respecto de Leonardo Sampallo y Mirta Barragán, dos militantes sindicales de izquierda platenses.

Para ambos, la querella pidió que respondan por los delitos de retención y ocultamiento de la identidad de la chica, y por la falsificación de documento público en tres ocasiones, dado que usaron un certificado de nacimiento “trucho” para obtener una partida de nacimiento y un DNI también falsos.

Toda esta maniobra se perpetró “con el objetivo de alejar a la joven de sus origen, de su identidad y de su verdadera familia”, resaltaron los abogados querellantes.

En torno a Berthier, la querella pidió que se lo considere responsable de la retención de la beba y como partícipe necesario de la falsificación de la documentación.

Los tres imputados no pudieron en cambio ser acusados del delito de la sustracción inicial ya que, pese a los años de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo y luego del juzgado federal de Maria Servini de Cubría, no pudo establecerse con certeza el modo en que se consumó ese robo.

Respecto del militar, los querellantes destacaron que “sabe mucho y no dicen nada”, dado que negó su participación en el hecho pese a que vecinos del edificio de los apropiadores testificaron haber recibido de la mujer la confirmación verbal de que fue él quien la entregó.

El robo de bebés tiene en la escala penal la máxima punición luego de la sanción de la ley 24.4410 de 1994 y en el derecho internacional se lo considera un delito de lesa humanidad imprescriptible cuando se comete en el marco de una persecución política o racial.

Tan es así, que al sancionarse en 1986/87 las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecieron el fin de la responsabilidad penal de los represores, quedaron expresamente exceptuados el robo de bebés.

Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que unas quinientas criaturas nacidas en cautiverio con sus madres fueron entregadas por los militares a otros represores o gente de confianza.

De ese total, hasta el momento han sido “recuperadas” por su familias de sangre 87, una de la cuales, Victoria Donda Pérez, nacida en la ESMA, fue electa diputada nacional el año pasado y hoy estuvo en la audiencia junto a otros hijos de desaparecidos.

Extraído de: http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=5832



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